La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT entendía que con esta decisión el Gobierno no sólo rompía el consenso social, sino que lo hacía indiscriminadamente y de manera unilateral, renunciando a hacer el recorte por tramos y perjudicando así a los empleados públicos que menos cobran.
La interposición del recurso fue rechazada, aunque la
defensora del pueblo dictó una serie de recomendaciones reconociendo parte de los argumentos defendidos por los sindicatos: que la supresión de la paga extra de Navidad de los
funcionarios no fuera total y que comenzara a aplicarse en el momento de la
publicación del Real Decreto Ley 20/2012 del 15 de julio, considerando que una
parte de la paga suprimida correspondería a un trabajo ya realizado; y que se
concretara la forma en que se compensaría a los funcionarios por las cantidades
suprimidas (reingreso en un plan de pensiones a partir de 2015) puesto que no
todos los empleados públicos disfrutan de planes de pensiones o contratos de
seguro colectivo.
La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ignoró
dichas recomendaciones desoyendo abiertamente incluso a la institución del Defensor del Pueblo (nombrado por el propio gobierno del PP).
Ante esta situación la Defensora del Pueblo nos ha comunicado que remitirá escrito de queja al Congreso denunciando la actitud seguida por el gobierno.
Ante esta situación la Defensora del Pueblo nos ha comunicado que remitirá escrito de queja al Congreso denunciando la actitud seguida por el gobierno.
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