Entre las medidas que exigirán al Ministerio de Justicia y que nos afectan directamente resaltan las siguientes:
Piden la especialización comarcalizada de los juzgados de violencia sobre la mujer, para aumentar su eficacia, y apuestan por la renovación tecnológica y la teletramitación, para "desterrar paulatinamente" el papel. De la nefasta formación y la ausencia de medios para lograrlo nada dicen por lo que nos tememos más “autoaprendizaje por las bravas”
Potenciar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, especialmente la mediación, para desjudicializar un tercio de los asuntos que entran en los juzgados. Habrá que andar con ojo porque las notarías hace meses habían reclamado ya poder ejercer esas mediaciones.
Quieren poder aprobar la oferta de empleo público, convocar y resolver los procesos de selección y adscripción a los puestos de trabajo, nombrar a los funcionarios que superen las pruebas e impartir la formación inicial, lo que supone la quiebra definitiva del concepto de cuerpo nacional.
Quieren diseñar y aprobar las relaciones de puestos de trabajo (es decir controlar cuanta gente trabaja en justicia y donde).
Quieren gestionar la promoción interna y el registro de personal, por lo que no solo pretenden controlar a los funcionarios de nuevo ingreso sino condicionar las posibilidades de ascender de los que ya estamos en Justicia.
Solicitan ejercer la potestad disciplinaria y todas las funciones necesarias para garantizar una gestión "eficiente y eficaz” de la Justicia, lo que supone dejar a los funcionarios en manos del gobierno autonómico de turno.
En resumen, quieren cargarse la igualdad en el acceso a la Justicia, quieren controlar como distribuir el personal, quieren establecer diferencias en el régimen disciplinario, QUIEREN CARGARSE NUESTRO CARÁCTER DE CUERPO NACIONAL.
Se lo vas a permitir?
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