En el Consejo de Ministros del 21 de Junio, el gobierno presentó su informe para la reforma de las Administraciones públicas.
Dentro de las medidas propuestas y que principalmente se centran en la supresión o fusión de entidades y la mayor movilidad forzosa del personal, para nuestra Administración de Justicia se recogen expresamente las siguientes propuestas de reforma:
• Planificación conjunta de las nuevas tecnologías: se reformará la LOPJ para dar más poder regulador al consejo general del poder judicial con el fin de garantizar que todos los programas judiciales usados en cada comunidad autónoma sean compatibles e interoperativos y se creará un Comité tecnico estatal para coordinar las aplicaciones informaticas que se usan en nuestra administración y evitar duplicidades.
• Gestión de la jubilación del personal al servicio de la Administración de Justicia. Se propone modificar la LOPJ para encomendar a las CCAA que han asumido competencias en Justicia, la gestión de la jubilación del personal al servicio de la Administración de Justicia de los cuerpos generales y especiales, así como las posibles prórrogas de permanencia en el servicio.
• Selección del personal al servicio de la Administración de Justicia. Se propone suprimir los tribunales delegados de aquellas pruebas en las que realizan funciones meramente administrativas que puedan desarrollarse por cualquier órgano autonómico sin coste para la administración.
• Implantación de un nuevo expediente judicial electrónico en la Audiencia nacional.
• Tramitación electrónica de nacimientos y defunciones desde los centros sanitarios. Se propone que los nacimientos en centro sanitario se tramite desde éstos a modo de ventanilla única a través de firma electrónica. Las defunciones se comunicarán directamente por medios electrónicos al registro civil sin perjuicio de los supuestos en que se requiera intervención judicial.
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