Las reformas que vendrán con Gallardón.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha llegado revolucionando el Ministerio.

En su primera comparecencia ante los diputados de la comisión, Gallardón ha removido todos los cimientos de la Justicia. Ya lo había avisado antes de comenzar con el batallón de reforma: "La Justicia necesita adaptarse a los nuevos tiempos y renovarse". Y dicho y hecho con cambios en temas tan polémicos como el aborto, la ley del menor o el cambio en las penas de prisión.La ley del AbortoEl titular de Justicia ha explicado en cuanto al Aborto que uno de las primeros apartados será "exigir el consentimiento paterno en relación a las menores y se defenderá el derecho a la vida en los términos ya definidos en la doctrina del Tribunal Constitucional".

Gallardón ha recordado que la ley actual fue aprobada "sin consenso y con la opinión desfavorable de los órganos consultivos" y ha señalado que la reforma se inspirará en la defensa del derecho a la vida según la doctrina ya definida por el Tribunal Constitucional.

La ley vigente desde julio de 2010 no exige el consentimiento paterno, pero sí que los progenitores sean informados de que sus hijas de entre 16 y 17 años van a interrumpir su embarazo, siempre que éstas no aleguen peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o una situación de desarraigo o desamparo.

Un nuevo impuesto será el que tendrá que pagar cualquiera que quiera recurrir en segunda instancia una setencia. Así, el ministro ha anunciado la implantación de un nuevo modelo de tasas judiciales por el que los ciudadanos tendrá que hacerse cargo de las costas del proceso en el que intervengan "a partir de la segunda instancia".Ruiz-Gallardón ha indicado que existe un "exceso de litigiosidad" y un "abuso en el acceso a los órganos judiciales, sobre todo en la segunda instancia".
Ello obliga a "acotar" los conflictos que deben ser resueltos por los jueces, de manera que si el ciudadano no se conforma con la respuesta que ha obtenido en la primera instancia y quiere recurrir, deberá correr con los gastos del proceso a partir de ese momento.Sin embargo, el ministro no adelantó cuantías ni siquiera aproximadas, pero precisó que la tasa abonada se reintegrará si el recurso prospera. Estarán exento del pago las personas que carezcan de medios económicos suficientes, pero esa carencia será revisada cada vez que se recurra a una instancia judicial superior.


Lo que en los últimos años se ha convertido en uno de los debates más importantes, la Ley del Menor, tras casos como el de Sandra Palo o Marta del Castillo, hoy ya está en la mesa de las reformas previstas por Gallardón.
El Gobierno reformará la Ley del Menor para que, en los casos de delito grave en los que haya implicados adultos y menores, todos sean investigados y enjuiciados conjuntamente, si bien a estos últimos se les seguirá aplicando la legislación prevista para ellos.La reforma afectaría a casos como el de Marta del Castillo, en el que el menor apodado "El Cuco" fue juzgado individualmente y condenado por encubrimiento, o los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, en los que había también un menor implicado, conocido como "El Gitanillo", condenado a 6 años de internamiento en régimen cerrado y 5 años más de libertad vigilada.

Desde hace tiempo se escuchaba la posibilidad de implantar en España la pena de cadena perpetua. El ministro no ha llegado a tanto, pero sí que ha anunciado que el Gobierno estudiará la posible instauración de la pena de prisión permanente revisable, en la línea de la que existe en otros países europeos, que sería una pena excepcional para supuestos muy restringidos y que hubieran causado una gran alarma social.Ello implicará una reforma del Código Penal, tal como avanzó en su día el portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, quien aseguró que la cadena perpetua revisable es una medida que tienen todos los países de la UE menos dos, uno de ellos España.