Este pasado viernes tuvo lugar una asamblea de delegados y delegadas en la sede de la UGT en Palma, para informar de la decisión del Govern de les Illes Balears de liquidar a los liberados sindicales, decisión tras la cual se esconde un ataque frontal a los empleados y empleadas públicos y a los servicios públicos en general y en la que se ha informado de la campaña confederal de defensa del empleo y del estado de bienestar
Reproducimos la información facilitada en la asamblea para ser distribuida por los centros de trabajo
La gestión de la crisis económica por los estamentos políticos europeos y españoles ha dado prioridad a los intereses de los poderes económicos frente a los ciudadanos. Hace más de tres años que los ciudadanos asistimos a un paulatino desmantelamiento de los sistemas de protección y cohesión social.
No podemos aceptar que la economía tenga como prioridad la reducción del déficit público antes que la creación de empleo.
No podemos aceptar que el inmovilismo de los gobiernos europeos para acometer la regulación de los mercados y los poderes financieros que han provocado la crisis, y la arrogante diligencia con la que acometen el desmantelamiento del patrimonio público que constituyen los servicios y prestaciones públicas, y el marco de derechos ciudadanos para participar en las decisiones que les afectan, desde la política hasta las empresas.
Han tenido tiempo de probar sus políticas de recorte, y el resultado es el más absoluto fracaso: los ciudadanos se empobrecen, las sociedades se empobrecen.
La Unión General de Trabajadores considera que estamos a tiempo de cambiar ese estado de cosas, reclamando por cuantas vías sean necesarias el derecho a decidir el tipo de sociedad en el que queremos vivir que no es la del gobierno de los mercados.
Hay otras políticas y otras opciones.
1. IMPUESTOS JUSTOS, PROGRESIVOS Y PARA TODOS
España ha rebajado su presión fiscal 6,6 puntos en el periodo 2007-2009, más que ningún otro país de la OCDE (Alemania la incrementó un punto).
Es necesario reforzar la estructura de ingresos del Estado, recuperando impuestos suprimidos y apostando por una mayor recaudación basada en la progresividad fiscal, a la vez que se combate con mayor determinación y medios el fraude fiscal que lastra nuestra economía alcanzado tasas que prácticamente duplican la media de la Unión Europea. ¿Es de justicia que empresas multinacionales con millones de beneficios provenientes del consumo de los ciudadanos queden exentas de pagar impuestos gracias a las normas fiscales?
2. SANIDAD PÚBLICA, UNIVERSAL Y EQUITATIVA
Tres de cada cuatro ciudadanos está muy satisfecho con nuestro sistema sanitario; 91 de cada 100 quiere que tenga gestión y financiación pública.
Los poderes democráticos deben, en consecuencia, resolver los problemas de gestión del sistema, no cambiarlo. El sistema sanitario español se financia con los impuestos que pagamos los ciudadanos, y UGT rechaza cualquier forma de pago adicional, que no sería un copago sanitario, sino un repago.
3. MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
La pobreza aumentó en España 1,3 puntos en 2010, el incremento más importante desde que se registran este tipo de datos. y está creciendo la desigualdad: en 2009 la renta de la población con más ingresos era seis veces superior a la de la población con menos ingresos, mientras que en la UE-27 esa diferencia era de 4,9 veces. La esperanza de vida saludable en nuestro país ha pasado de 68 años en 2000 a 62,3 años en 2009. Estos baremos y algunos otros empeorarán si persisten los recortes en los servicios y prestaciones públicos.
España necesita mantener los servicios y prestaciones sociales para evitar que la crisis nos aboque a una quiebra social injustificable, buscando un amplio consenso social que, al igual que hemos hecho con el sistema público de pensión, blinde nuestro sistema de protección social.
4. EDUCACIÓN UNIVERSAL, GRATUITA E INTEGRADORA
El desarrollo humano y económico de un país, la formación en valores de sus ciudadanos, depende de su sistema educativo. Reclamamos el afianzamiento de un sistema de educación eminentemente público, incluyente, garante de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades, y comprometido con la formación y especialización profesional que exige aspirar a una economía avanzada.
5. CREACIÓN DE EMPLEO Y DERECHOS LABORALES
Competir con las economías emergentes (China, Brasil, India, etc.) exige a las economías europeas, y a España en particular, transformar nuestra economía para hacerla más competitiva. Con más industria, empresas más fuertes, más inversión y avances tecnológicos, más eficiencia en el uso de la energía, mayor sostenibilidad ambiental, y trabajadores mejor cualificados y con mejores condiciones de trabajo.
Mantener un modelo económico basado en bajos salarios (más de seis millones de trabajadores españoles ganan menos de 1.000 euros), precariedad laboral, escasa cualificación, poca inversión empresarial y menos internacionalización, es inaceptable para un país que aspire a tener un lugar de relevancia en la economía mundial. Una economía competitiva necesita empresas capaces de hacer corresponsables a los trabajadores de esos retos de crecimiento, y eso no se logra cercenando sus derechos a la información, consulta y participación en las decisiones que les afectan.
Un sistema equilibrado de negociación colectiva es la única fórmula capaz de conjugar competitividad y protección de las condiciones de trabajo. Y es, además, el mejor sistema para seguir promoviendo las políticas de igualdad en el mercado de trabajo
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lunes, 19 de septiembre de 2011
