En el ámbito de la Administración de Justicia el Sr. Gallardón sigue la consigna del Gobierno, en relación al “adelgazamiento de la administración” como lo define el Presidente de Gobierno. SIN NINGÚN TIPO DE NEGOCIACIÓN.
Empezó con:
· La Ley de Tasas, cuya finalidad, que luego quedó acreditada, era reducir la litigiosidad por la vía del cobro.
· Continuó con el Anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, con el objetivo de privatizar los registros civiles, entregándoselos a los registradores y notarios.
· Siguió con el Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para reforzar las funciones de los procuradores, a los que quiere entregar determinadas funciones públicas en los procesos de ejecución (actos de comunicación con poder de certificación, realización de embargos y lanzamientos, requerimientos de pago, encargarlos del depósito, la administración y la subasta de los bienes embargados), y hasta los inviste como agentes de la autoridad (lo que no se ha dignado hacer, a pesar de habérselo solicitado, con los integrantes del Cuerpo de Gestión).
· Y termina, por ahora con la reciente aprobación en Consejo de Ministros del Proyecto de modificación de LOPJ, que creará los Tribunales de Instancia, de ámbito pronvicial como nuevo órgano judicial de primer grado, eliminando los actuales partidos judiciales; otorgando carácter de autoridad y capacidad de certificar a los procuradores en sus actuaciones judiciales, eliminando los Juzgados de Paz y reduciendo a un 30% las plazas para la promoción interna.
· A ello hay que sumar el proyecto de nuevo Código Penal, que acabará con las faltas penales (pasando unas a ser faltas administrativas y otras “delitos menores”).
Todas estas modificaciones legislativas (esta en proyecto otorgar la instrucción a los Fiscales), unidas a otras normas de carácter laboral ,como son el incremento de la jornada y horario, la reducción de permisos y días adicionales, el retraso en la jubilación, los proyectos de establecimiento de la nueva oficina judicial, las restricciones en los nombramientos de interinos..., dan como resultado que al Sr. Gallardón le sobren funcionarios en la Administración de Justicia, cumplimiento las instrucciónes del presidente del Gobierno: ¡adelgazando la administración de justicia!
La consecuencia de todo ello es la amortización de plazas, las reordenaciones de efectivos, la movilidad geográfica, limitación de la carrera profesional, la disminución de plazas ofertadas en los concursos de traslados, etc...
